Una Declaración de Cesación de Pagos es un documento mediante el cual se presenta al Tribunal de Comercio una solicitud de apertura de un procedimiento judicial de recuperación o de liquidación. Indica información sobre el director y la empresa, el estado del pasivo y de los activos disponibles de la empresa, la naturaleza de las dificultades encontradas, las perspectivas de recuperación en caso de recuperación o la imposibilidad de recuperación en caso de liquidación judicial.
El procedimiento de conciliación es un procedimiento de resolución preventiva de las dificultades de una empresa. Previsto en los artículos L. 611-4 y siguientes del Código de Comercio, permite a los deudores que ejercen una actividad comercial o artesanal y que atraviesan dificultades jurídicas, económicas o financieras, probadas o previsibles, y que no se encuentran en estado de cesación de pagos desde hace más de 45 días, solicitar al presidente del tribunal que designe a un conciliador cuya misión se definirá con precisión. La misión del conciliador consistirá generalmente en encontrar un acuerdo con los principales acreedores o, eventualmente, en organizar la venta anticipada de la empresa en el marco de un paquete de preventa.
El procedimiento de mandato ad hoc es un procedimiento de resolución preventiva de las dificultades de una empresa. Previsto en el artículo L. 611-3 del Código de Comercio, permite, en condiciones similares a las del procedimiento de conciliación, solicitar la designación de un mandatario ad hoc al Presidente del Tribunal de Comercio competente. Este representante ad hoc tendrá como misión restablecer la situación de la empresa para evitar la cesación de pagos. Este procedimiento suele ponerse en marcha incluso antes de que surjan las primeras dificultades de la empresa y otorga al representante ad hoc una considerable libertad de acción.
Los procedimientos de suspensión de pagos y de liquidación judicial son dos procedimientos denominados colectivos. La apertura de estos dos procedimientos requiere que se caracterice el estado de cesación de pagos. Sin embargo, a diferencia de la liquidación judicial, la administración judicial se abrirá cuando existan perspectivas de recuperación de la empresa, ya sea a través de un plan de continuación o de un plan de venta.
Los procedimientos de suspensión de pagos y de liquidación judicial son dos procedimientos denominados colectivos. La apertura de estos dos procedimientos requiere que se caracterice el estado de cesación de pagos. Sin embargo, a diferencia de la liquidación judicial, la administración judicial se abrirá cuando existan perspectivas de recuperación de la empresa, ya sea a través de un plan de continuación o de un plan de venta.
El pre-paquete («prépack») de preventa es un mecanismo instituido por la orden de 12 de marzo de 2014 que permite, antes de la apertura del procedimiento colectivo, preparar una oferta de venta judicial. Este mecanismo permite atenuar los efectos negativos de la apertura de un procedimiento colectivo, en particular la devaluación de los activos humanos y materiales y la pérdida de los contratos con los clientes.
El administrador judicial tiene un papel fundamental en la resolución de las dificultades empresariales. En el marco de los procedimientos preventivos para la resolución de dificultades empresariales, el administrador judicial será designado generalmente como conciliador o representante ad hoc. En los procedimientos colectivos, el administrador judicial se encarga de asistir al gerente de la empresa. Su misión varía en intensidad en función del procedimiento para el que haya sido designado. Así, puede tener una simple misión de asistencia, durante la cual la administración de la empresa permanece en manos de su gerente, o una misión de supervisión durante la cual el gerente sigue encargándose de la gestión cotidiana de la empresa y, excepcionalmente, una misión de sustitución durante la cual administrará él solo la empresa y el gerente sólo intervendrá a petición expresa del administrador. Esta última misión se confía generalmente al administrador judicial tras la conversión de un procedimiento de recuperación en liquidación judicial.
El representante judicial es el representante de los acreedores. Su misión consiste en liquidar el pasivo de la empresa realizando los activos de la misma en beneficio de los acreedores según el orden legal de pago. También es responsable de salvaguardar los derechos financieros de los trabajadores. Invitará a los acreedores, en la apertura del procedimiento, a declarar sus créditos y verificará el importe exacto de las deudas que, a continuación, fijará el juez-comisario designado en la sentencia de apertura.
L’Association pour la Gestion du Régime d’Assurance des Créances des Salaires garantit le paiement des salaires et des indemnités de licenciement des salariés lorsque l’entreprise qui les emploient se trouve placée en procédure collective. L’employeur finance ce dispositif par le biais d’une cotisation patronale assise sur les rémunérations de ses salariés. Cette assurance couvre principalement les salaires dus en exécution du contrat de travail ainsi que les indemnités résultant de la rupture de ce contrat (indemnités de licenciement, préavis…), dans la limite du plafond annuel fixé en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.
Le principal intérêt de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est qu’elles permettent le gel provisoires des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture.
